Hablar de delincuencia perturba, pero es completamente necesario.
Para quienes creemos en el potencial turístico de un país que tiene Machu Picchu, la mejor gastronomía del continente y paisajes únicos.
La realidad es contundente: en los primeros cinco meses de 2025, el Perú registró más de 900 homicidios, con un promedio de cinco personas asesinadas cada día. Esto no es una cifra abstracta. Es el rostro de una crisis que golpea a todos y que frena uno de los sectores que podría impulsar la economía nacional.
Hasta junio de 2025, Lima encabezó la lista con 324 homicidios, seguida de La Libertad con 101. La mayoría están vinculados a extorsión y sicariato, un fenómeno que se ha profesionalizado de manera alarmante. En el primer semestre, los homicidios por sicariato crecieron 16% respecto al año anterior, alcanzando 661 casos y representando el 58% del total. Incluso con el estado de emergencia vigente en Lima y Callao desde octubre, se registraron 50 homicidios entre el 22 de octubre y el 16 de noviembre.
La desesperación de la población es palpable: 62% de los peruanos prefiere un Estado muy duro contra la delincuencia, incluso a riesgo de que algunos inocentes sean afectados. Es la expresión de una sociedad que siente que perdió el control y que ya no confía en sus instituciones para protegerla.
El Perú atraviesa una crisis de seguridad profunda, con múltiples indicadores negativos: homicidios crecientes, violencia urbana, atentados con explosivos y extorsiones visibles y mediáticas. La proliferación de bandas, el desgarro institucional y declaraciones de alerta de gobierno extranjeros han golpeado la confianza, tanto ciudadana como turística.
El sector turístico venía recuperándose lentamente. Entre enero y octubre de 2025, Perú recibió más de 2.8 millones de turistas internacionales, un crecimiento de 4.6% frente al mismo periodo de 2024. Pero esas cifras cuentan solo una parte de la historia. Entre enero y agosto, el país registró apenas el 76.4% de los niveles prepandemia, dejando un déficit del 23.6%. Es decir, el turismo no ha vuelto a donde estaba, y la inseguridad es uno de los principales culpables.
Varios países han emitido alertas de viaje. Gobiernos como los de Reino Unido y Australia recomiendan extremar precauciones debido al incremento de delitos violentos, incluso en zonas tradicionalmente turísticas como Miraflores y Barranco. Estados Unidos advierte sobre robos a mano armada en áreas donde viven y visitan sus ciudadanos. Se han registrado casos de robo e incluso agresiones sexuales a turistas extranjeros en Cusco, tanto de noche como a plena luz del día.
El impacto no es solo en números de llegadas, sino en la calidad de la experiencia. La Cámara Nacional de Turismo ha advertido que el temor a la inseguridad genera cancelaciones, estadías más cortas y una reducción del gasto promedio por turista. Esto golpea especialmente a regiones como Cusco, Ica y Arequipa, donde el turismo es el principal motor económico.
El Estado ha puesto en marcha planes de protección al turista, pero los avances son limitados. La ciudadanía desconfía profundamente de las instituciones: 92% desconfía del Congreso, 83% del Ministerio del Interior, 78% de la Fiscalía y 70% de la Policía. Los estados de emergencia se decretan con frecuencia, pero parecen más una respuesta reactiva que una solución estructural.
El Banco Interamericano de Desarrollo estima que la inseguridad puede costar hasta 3.4% del PBI en los países latinoamericanos. Para un país con el potencial del Perú, este costo es inaceptable. Hoy más que nunca se necesita una política de seguridad ciudadana firme, justa y de largo plazo. Las palabras ya no bastan. El país requiere resultados claros que devuelvan la confianza a peruanos y visitantes por igual. Porque el turismo no es solo cifras: es desarrollo, empleo y oportunidades que se pierden cada vez que un turista decide no venir por temor a la violencia que azota las calles.
