El Perú atraviesa un momento político profundamente incierto, un verdadero torbellino que podría marcar un punto de quiebre en nuestra historia.
Lo que decidamos en las elecciones de 2026 no será un trámite más: definirá el rumbo de nuestra democracia, la posibilidad de crecimiento económico, la estabilidad política que tanto necesitamos y el clima social que viviremos en los próximos años.
En tiempos como éstos, la indiferencia no es una opción. Si creemos en el potencial del país, tenemos la responsabilidad de expresarlo. Este no es el momento del odio ni de la
polarización, sino de la reflexión. Hay que dejar de lado los enfrentamientos estériles y enfocarnos, por fin, en el país que queremos construir juntos.
Votar en blanco o viciado no representa una salida. Es, en el fondo, una renuncia peligrosa. Dejar que otros decidan por nosotros implica un alto costo: en tiempo, en recursos y, sobre todo, en oportunidades para millones de peruanos. Nos enfrentamos a un abanico de candidatos que puede no entusiasmar, pero que refleja una realidad que no podemos ignorar.
Más allá de ideologías —de izquierda, centro o derecha— lo que debería unirnos es un compromiso común: construir un Perú más justo, más inclusivo y con oportunidades reales para todos. Votar no solo con el corazón, sino con la cabeza, es lo mínimo que exige este momento histórico.
Llegar hasta aquí no fue mérito de los partidos políticos. Fue resultado del hartazgo ciudadano frente a la corrupción, el abandono estatal y la falta de alternativas reales. El llamado "voto de protesta" nos ha colocado ante una disyuntiva difícil, pero no imposible de afrontar con madurez cívica.
Muchos de los candidatos en carrera representan proyectos ya conocidos: trayectorias con errores repetidos, sombras legales y pasados que el país no quiere repetir. Elegir sin memoria puede llevarnos a escenarios de mayor inestabilidad y retroceso democrático.
Hoy más que nunca, la sociedad civil debe asumir un rol protagónico. No basta con ir a votar: hay que exigir compromisos concretos, que garanticen el respeto al Estado de derecho, la institucionalidad y las libertades fundamentales. Porque lo que está en juego no son los intereses de unos cuantos, sino el futuro del Perú.
La crisis actual es más profunda que una simple elección polarizada. Es el reflejo de una ruptura creciente entre la ciudadanía y la clase política. Lo que vivimos es el resultado de promesas incumplidas, de una democracia debilitada y de un Estado ausente.
Ninguno de los candidatos despierta confianza plena. Algunos proponen un cambio radical, con discursos cargados de ambigüedades ideológicas y señales autoritarias. Los otros ofrecen un continuismo marcado por escándalos, promesas recicladas y una historia de abusos.
Nos enfrentamos, en muchos casos, a un voto por descarte, guiado más por el miedo que por la esperanza. Y eso es peligroso: un país que vota sin convicción es más vulnerable al populismo, al autoritarismo y a una desafección ciudadana aún más profunda.
Lo más alarmante es que los grandes temas siguen fuera del debate: la reforma educativa, la salud pública, la descentralización efectiva, el acceso a la justicia o la lucha real contra la corrupción. Mientras tanto, crecen la desigualdad, la inseguridad y la precariedad laboral.
Frente a este escenario, el papel de la ciudadanía es clave. Organizaciones sociales, prensa independiente, gremios, universidades y colectivos deben actuar. No basta con votar: hay que vigilar, cuestionar y proponer. Porque si dejamos el futuro del país en manos de candidatos sin compromisos reales, estaremos entregando la democracia al azar.
El Perú no necesita solo un ganador electoral. Necesita una ciudadanía vigilante, informada y decidida a no ceder ni un centímetro en derechos, justicia y transparencia. Solo así evitaremos repetir los errores del pasado y abriremos la puerta a un futuro mejor.
